PARÍS (AP) -- Una alta institución francesa podría determinar el viernes la constitucionalidad del polémico plan del presidente Emmanuel Macron para elevar la edad de jubilación, una decisión que podría calmar o enfurecer más aún a quienes se oponen a la reforma.
Todos las miradas estaban puestas en el custodiado Consejo Constitucional, que puede vetar por completo o parcialmente la compleja reforma de las pensiones que Macron sacó adelante sin someterla a votación en la cámara baja del Parlamento. Es probable que se produzcan manifestaciones espontáneas en todo el país antes de la decisión del tribunal de nueve miembros.
La iniciativa del presidente de aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ha derivado en meses de huelgas y protestas. La violencia de grupos radicales de extrema izquierda marcaron las 12 jornadas de movilizaciones, por lo demás pacíficas, convocadas por los sindicatos desde enero.
Además del fallo sobre la reforma, el Consejo Constitucional decidirá también sobre una petición de los legisladores contrarios al plan para usar un procedimiento largo y poco utilizado que podría conducir, en última instancia, a un referendo sobre una propuesta para que la edad legal de jubilación no supere los 62 años.
Los miembros del Consejo pueden rechazar la reforma en su totalidad o en parte. Las secciones que, a su juicio, superen el filtro de constitucionalidad deben promulgarse como ley, con independencia de que la institución permita, o no, la celebración de la consulta popular.
Los líderes sindicales han afirmado que respetarán las decisiones del tribunal. Pero también prometieron que continuarán con las protestas para tratar de conseguir que Macron retire simplemente la medida.
"Mientras esta reforma no se retire, la movilización continuará de una forma u otra", dijo Sophie Binet, secretaria general del sindicado de izquierdas CGT, el jueves.
Laurent Berger, líder del sindicato moderado CFDT, advirtió que "habrá repercusiones" si el Consejo Constitucional da luz verde al gobierno.
Las encuestas han mostrado sistemáticamente que la mayoría de los ciudadanos franceses se oponen a trabajar dos años más para poder disfrutar de las prestaciones de jubilación. La decisión del ejecutivo de evitar la votación parlamentaria en marzo haciendo uso de poderes constitucionales especiales renovó la furia entre los contrarios a la medida.
Los opositores han cuestionado la elección del gobierno de incluir el plan de pensiones en el proyecto de ley de presupuestos, lo que aceleró significativamente el proceso legislativo. Esperan que esto baste para que el Consejo Constitucional rechace la reforma en su totalidad.