Los veteranos deportados protestan ante un “racismo” sistemático de parte del gobierno de EE. UU.

Veteranos deportados que radican en Tijuana, México. Foto: UNIFIED U.S. Deported Veterans Resource Center.

De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. (GAO), más de 94,000 veteranos no ciudadanos estadounidenses han sido deportados a sus respectivos países desde que se aprobó la Ley de Reforma de Inmigración y Responsabilidad no Autorizada de 1996.

La mayoría de los miembros del servicio eran residentes legales que cometieron al menos tres delitos menores, lo que los hacía deportables sin apreciar que habían arriesgado sus vidas por defender a este país.

Aunque la administración Biden ha hecho un esfuerzo por repatriar a estos veteranos para que se vuelvan a reunir con sus familias, las condiciones de regreso tienen sus limitaciones, pues la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), solo les otorga una protección temporal para que puedan reiniciar los que un día se les quitó. Aunque no necesariamente todos han podido regresar, ya que en la mayoría este tipo de peticiones son rechazadas.

Según personal de la administración Biden, en junio pasado solo se les otorgó un permiso temporal a 16 de las 60 peticiones que los veteranos deportados o sus familias hicieron solicitaron a USCIS. Más tarde ese mismo mes, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le dijo al Centro Legal para Defensa de Inmigrantes que 31 peticiones han sido aprobadas, de más o meno 80 que solicitaron.

Para Javier López, abogado que representa a un grupo de veteranos localizados en Ciudad Juarez, México, ese alivio es solamente un gesto político de los demócratas para no verse tan mal ante la prensa y la opinión pública, ya que se necesita renovarse cada año.

"Es un tiempo limitado como el que se les da a los que están amparados por el TPS o DACA, no es permanente", dijo Javier. "Este gesto humanitario es más bien un propósito político que solidario, y los que están en el poder, usan a estas personas para lograr apoyo de sus bases políticas".

El mismo sentimiento lo comparte Alex Cuevas, un ex veterano de la Guerra del Golfo Pérsico, la cual estaba destinada en la desmantelación y fabricación de armas nucleares, que según el Departamento de Estado de los EE. UU., alegaba que existían, las cuales jamás se demostraron a la prensa internacional, pero sí lograron la captura de Saddam Hussein, ex gobernante de Irak, y que finalmente fue puesto a la orca durante la administración de Jorge W. Bush. "Cuando un veterano se mete en problemas y cumple su tiempo, el veterano puede irse a casa con su familia. Nosotros no.

Para Alex, es muy difícil adaptarse a una vida tan complicada, ya que tiene que trabajar duro para el soporte de su familia y lidiar con traumas que la mayoría de los veteranos sufren después de las guerras. Sin embargo, dice el que aún tiene esperanza en que las cosas se modifiquen mejor a su favor, siempre y cuando existan personajes en la política que estén dispuestos a mirar esta situación desde un punto lógico y moral.

Precisamente el Congreso podría intervenir para facilitar el proceso para que los veteranos deportados recuperen el estatus permanente. Pues a fines de julio pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes avanzó una legislación para agilizar el proceso de naturalización de los veteranos nacidos en el extranjero y garantizar que se considere su condición de veteranos si se encuentran en proceso de deportación. Pero el proyecto de ley que presentó el representante demócrata por California, Mark Takano, y quien es parte del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes, no obtuvo un solo voto republicano, lo que anticipó un preciso fracaso e incluso si llegara al Senado dividido más estrechamente.

La propuesta de dicha legislación mejor conocida como H.R.1182 - Ley de reforma y Prevención de la Deportación de Veteranos, estaba basada en prohibirle al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de deportar a cualquier individuo que esté bajo proceso de deportación y que fuera miembro de las Fuerzas Armadas, veterano o cónyuge no ciudadano o hijo menor de edad de dicho individuo.

Debido a esa propuesta, que no caminó a ningún lado, se inició la H.R.7946 - Ley de reconocimiento del Servicio de Veteranos de 2022, que afortunadamente logró pasarse en diciembre del 2022, pero que se tiene en espera en el Senado, y la cual tiene parte de la anterior, pero lo más importante de esta es que a les otorga un estatus permanente a los veteranos deportados en virtud de este proyecto de ley. También, autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de renunciar a cualquier motivo de inadmisibilidad aplicable que estos veteranos pudieron estar sujetos debido a delitos menores en el pasado.

Para Héctor López, veterano de la Marina de los EE. UU., y director de Estados Unidos Unificados del Centro de Recursos para Veteranos Deportados con sede en Tijuana, México, el comportamiento de gobierno estadounidense hacia los miembros de las fuerzas armadas que han puesto su vida en peligro para defender la soberanía de este país, es una actitud de "racismo" como nos comentó.

"Queremos que pase esta última legislación porque ya tenemos muchos meses haciendo campaña para esta propuesta", dijo Héctor. "Dicen que quieren a los veteranos y que aman a sus veteranos, y que esto y el otro, pero cuando viene tiempo de ayudarnos se olvidan de uno, lo que considero una especie de racismo y desconsideración por parte del gobierno y para colmo, ni siquiera nos ofrecen seguro médico".

La Prensa Libre solicitó comentarios a la oficina del Sistema de Cuidado y de Salud para Veteranos en Ozarks, esto, para aclarar esta falta de seguro médico para veteranos deportados, pero se negaron a contestar esa pregunta.