El papa pidió “perder lo mínimo” en caso de Londres

ARCHIVO - Una multitud se congrega para escuchar la bendición del papa Francisco, el domingo 26 de febrero de 2023, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. (AP Foto/Andrew Medichini, archivo)
ARCHIVO - Una multitud se congrega para escuchar la bendición del papa Francisco, el domingo 26 de febrero de 2023, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. (AP Foto/Andrew Medichini, archivo)

CIUDAD DEL VATICANO (AP) -- El papa Francisco dio indicaciones claras para salir de un desastroso negocio inmobiliario en Londres al decir que el Vaticano debía "empezar de nuevo y perder el menor dinero posible", una estrategia de salida que finalmente implicó pagarle a un intermediario 15 millones de euros, según declaró el jueves ante un tribunal el tercer funcionario de mayor rango de la Santa Sede.

El arzobispo Edgar Peña Parra, el "sustituto" en la secretaría de Estado, fue el testigo de más alto rango en ser interrogado por los abogados defensores de 10 personas que están siendo enjuiciadas por presuntos delitos financieros relacionados con el inmueble de Londres y negocios conexos. La defensa estaba sumamente interesada en contar con su testimonio, dado que supervisó la fase final del acuerdo de Londres en 2018-2019, así como las negociaciones con el corredor, Gianluigi Torzi.

Los fiscales han acusado a Torzi de extorsionar a la Santa Sede por los 15 millones de euros a cambio de la propiedad del edificio, cargos que él rechaza. Los otros nueve acusados han negado igualmente haber cometido delito alguno.

El punto crucial del caso de Londres reside en el paso de la propiedad del inmueble londinense al fondo Gutt SA de Torzi a finales de 2018, después de que el Vaticano decidiera salir prematuramente de otro fondo que había invertido en ella.

Peña Parra acusó a Torzi de engañar al Vaticano, pero también identificó a su otrora adjunto, el arzobispo Alberto Perlasca, de haber entrado en el acuerdo con Torzi sin ninguna aprobación ni autoridad para firmar contratos.

Para cuando Peña Parra se enteró por primera vez del acuerdo el 22 de noviembre de 2018, Perlasca ya había firmado los contratos que le daban a Torzi el control de la propiedad en forma de las 1.000 acciones con derecho a voto en Gutt, mientras que el Vaticano tenía 30.000 acciones sin derecho a voto. El abogado contratado por Perlasca le aseguró a la Santa Sede que el acuerdo era en su interés, pero resultó que el abogado tenía vínculos con Torzi, dijo Peña Parra.

En una reunión celebrada el 22 de diciembre de 2018 con el papa y dos personas externas al Vaticano que habían revisado los contratos, Peña Parra se dio cuenta de que el Vaticano había sido timado y había adquirido "cajas vacías".

Francisco, comentó, dio instrucciones generales claras sobre cómo quería que se resolviera el desastre: "Volver a empezar y perder la menor cantidad de dinero posible", declaró el pontífice, según Peña Parra. "Me di cuenta de que todo era un engaño".

Durante los seis meses siguientes, Peña Parra y un equipo negociaron una estrategia de salida con Torzi tras descartar acciones jurídicas "más arriesgadas" contra él. Después de que en un principio preveían pagar un máximo de 3 millones de euros, el Vaticano recibió una propuesta de los abogados de Torzi de 25 millones de euros, reducida a 15 millones, le dijo Peña Parra al tribunal.

"Para mí fue profundamente doloroso que tuvimos que pagar 15 millones de euros por esto, pero era la única salida", comentó. "Nos vimos orillados a ello. Torzi tenía todo el poder y no podíamos hacer nada al respecto".

"Realmente fue un vía crucis", comentó.

Al principio, Perlasca era uno de los sospechosos principales de la investigación, pero en agosto de 2020 empezó a cooperar con los fiscales y se convirtió en su testigo estelar. No le presentaron cargos y es considerado una parte afectada en el caso.

La investigación se desencadenó después de que Peña Parra solicitara un préstamo de 150 millones de euros al banco del Vaticano para saldar la hipoteca del inmueble, al considerar demasiado onerosa la cuota mensual de un millón de euros. En un principio el banco accedió, pero en julio de 2019 se negó y denunció el acuerdo ante los fiscales del Vaticano por considerarlo sospechoso.

Peña Parra seguía molesto con el banco el jueves, alegando que la Santa Sede siguió efectuando pagos innecesarios de la hipoteca durante unos seis meses, ya que él rápidamente consiguió el préstamo de otra oficina del Vaticano después de que el banco emitiera su veredicto negativo.